La ZBE de Málaga mantiene las multas en plena incertidumbre judicial

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La Zona de Bajas Emisiones de Málaga continúa en el foco de la actualidad. Desde finales de 2025 hasta julio de 2026 se han contabilizado más de 46.500 propuestas de sanción, una cifra que refleja que el mecanismo sancionador sigue funcionando a buen ritmo. Al mismo tiempo, la ordenanza que regula el acceso al área restringida está marcada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la anuló al entender que trataba de forma desigual a unos conductores y a otros.

El conflicto va mucho más allá de lo jurídico. La medida afecta a la movilidad diaria de miles de personas, a la actividad económica de la zona y al debate sobre cómo reducir la contaminación sin castigar a los que tienen menos recursos. En estos momentos, las restricciones se centran en los vehículos sin etiqueta procedentes de fuera de la capital, pero el próximo 30 de noviembre está previsto que se sumen los coches y motos con distintivo B que no tributen el impuesto de circulación en Málaga.

Las multas siguen sumando pese al golpe judicial

Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el Ayuntamiento ha tramitado 46.562 denuncias o propuestas de sanción por accesos indebidos a la ZBE. El ritmo medio se ha situado alrededor de 184 multas diarias y unas 6.000 al mes, según los datos oficiales recogidos en distintas respuestas municipales. La maquinaria no se ha detenido ni siquiera después de conocerse el pronunciamiento judicial contrario a parte de la ordenanza.

El desglose por periodos ayuda a entender la dimensión del asunto. Entre el 1 y el 28 de diciembre de 2025 se registraron 6.213 denuncias. Del 29 de diciembre al 1 de febrero se añadieron otras 5.499. Entre febrero y mayo de 2026 se remitieron a Gestrisam 23.745 expedientes, con semanas que oscilaron entre 1.395 y 1.652 casos. Ya en junio y julio se sumaron 11.105 propuestas más, con un ritmo algo menor, en torno a 1.270 semanales.

La cuantía de cada sanción es de 200 euros, aunque se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pronto pago. Estas multas no restan puntos del carné. La Policía Local formula los boletines de denuncia y Gestrisam se encarga de iniciar los procedimientos y, en su caso, imponer las sanciones. Si todas las propuestas acabaran pagándose con reducción, la recaudación superaría los 4,6 millones de euros; al precio completo rondaría los 9,3 millones, aunque no se ha precisado cuántas han acabado en multa firme ni cuántas se han recurrido.

El origen del problema está en el fallo del TSJA, que estimó parcialmente el recurso de Vox y consideró discriminatorio que solo se multara a los vehículos domiciliados fuera de Málaga. El tribunal entiende que esa diferencia no tiene una justificación técnica suficiente y afecta a principios como la igualdad, la libertad de empresa y la unidad de mercado. El Consistorio sostiene que la sentencia no es firme, ha pedido una aclaración y mantiene las sanciones mientras decide si acude al Tribunal Supremo.

La presión política no ha desaparecido. Con Málaga y Vox han reclamado que se paralice el régimen sancionador, pero el equipo de Gobierno del PP ha defendido que no puede dejar de aplicar una norma que sigue vigente. En el pleno del 25 de junio se rechazaron las mociones que pedían suspender las multas. La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido en que la ZBE no puede convertirse en una máquina de multas y exige explicar el destino de los fondos recaudados.

Qué ha dicho el TSJA y qué puede hacer el Ayuntamiento

La sentencia no cuestiona que Málaga tenga una Zona de Bajas Emisiones. Los magistrados rechazaron el resto de argumentos de Vox, avalaron la tramitación de la ordenanza y recordaron que la normativa estatal y europea obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con este tipo de áreas para reducir la contaminación. Además, disponer de una ZBE es un requisito para acceder a determinadas ayudas europeas al transporte urbano. El problema señalado por el tribunal se limita a quién puede entrar y quién no.

A partir de aquí se abren dos escenarios. Si el Ayuntamiento recurre en casación, la ZBE seguirá activa tal y como funciona ahora hasta que haya una resolución definitiva. Si no recurre, la zona restringida continuará operativa, pero habrá que modificar la ordenanza para multar también a los vecinos de Málaga que hasta ahora se libraban. Esa decisión es clave porque afectaría a conductores que pagan el impuesto de circulación en la capital y que, en la práctica, podrían empezar a recibir sanciones igual que los foráneos.

Mientras se aclara el camino jurídico, el calendario municipal sigue su curso. El siguiente paso previsto es que el 30 de noviembre entren en las restricciones los turismos y motos con etiqueta B procedentes de fuera de la ciudad. Estos vehículos se sumarían a los que carecen de distintivo ambiental, que ya están penalizados desde la puesta en marcha del régimen sancionador. La ampliación afectaría a un grupo notable de conductores y añade más incertidumbre a una norma que aún está pendiente de los tribunales.

Quienes, por ahora, tienen garantizada su situación durante los próximos dos años son las furgonetas y los vehículos comerciales, con independencia de dónde procedan. También quedan fuera de las restricciones los coches y motos con etiquetas C, Cero y Eco, así como los vehículos de emergencias, el transporte público y otros servicios esenciales. Es decir, la etiqueta ambiental y el domicilio fiscal del vehículo siguen siendo los elementos que marcan quién puede circular sin problemas por el perímetro restringido.

Cómo se controla el acceso a la zona restringida

El sistema se basa en la lectura de matrículas y en el cruce posterior con la base de datos de la DGT para comprobar la etiqueta ambiental del vehículo. No importa el motivo del desplazamiento: da igual si se acude a ver a un familiar, a un centro médico, a un centro de trabajo o a una zona de ocio. La etiqueta no es físicamente obligatoria, pero su información queda asociada al vehículo y puede consultarse en la web de la DGT introduciendo el número de matrícula.

El área delimitada abarca el Centro Histórico, el Soho y el entorno de Álamos y Carretería, en una superficie de más de 400 hectáreas. En el litoral, el límite incluye el Paseo Marítimo Antonio Machado. En la zona Oeste y la Estación aparecen la Avenida Ingeniero José María Garnica, la calle Explanada de la Estación y la Plaza de la Solidaridad. Hacia el Norte se encuentran la Avenida de las Américas, Aurora, Jardines de Picasso y Avenida de Andalucía. Otras vías que marcan el contorno son el Paseo de Martiricos, la Alameda de Capuchinos, Olletas y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Para vigilar los accesos, el Ayuntamiento monitoriza 67 puntos de control entre entradas y salidas. Esa red permite saber cuántos vehículos pasan por cada punto, aunque no identifica por sí sola la etiqueta, el origen, el destino ni el motivo del viaje. Los datos sirven para medir la evolución del tráfico, pero no para reconstruir con exactitud el comportamiento de cada conductor.

Menos tráfico en el centro, aunque con diferencias por calles

La implantación de la ZBE ha coincidido con una reducción media de unos 25.000 vehículos menos al día en el tráfico motorizado del perímetro central. En el escenario base de 2023 se contabilizaban 206.500 accesos en días laborables, de los que 155.924 eran internos y 50.577 externos. Durante el periodo analizado, el total de accesos laborables fue de 174.923 en diciembre de 2025, 167.258 en enero de 2026, 164.914 en febrero y 179.657 en marzo.

En la actualidad, las entradas diarias en días laborables se sitúan alrededor de 175.000, lo que supone un descenso de entre el 10% y el 20% según el punto de medición. Un tercio de los accesos corresponde a vehículos externos metropolitanos; el resto es tráfico interno de la ciudad. Por etiquetas, el 50,4% son C, el 20% son B, el 19,6% son Eco, el 4,7% son Cero y el 2% no tiene distintivo.

Los datos del segundo cuatrimestre de 2026 muestran una evolución desigual. En la Alameda Principal, en sentido oeste, la intensidad media diaria baja a 21.084 vehículos, frente a los 25.595 del mismo periodo de 2025. Son 4.511 menos al día, un 17,6% de caída. Respecto a 2024, el descenso acumulado llega al 23,5%, desde los 27.562 vehículos diarios. En el Paseo del Parque Pablo Ruiz Picasso, también hacia el oeste, se pasa de 24.793 a 20.395 vehículos, un 17,7% menos y 4.398 coches diarios menos.

No todas las grandes vías siguen la misma tendencia. Muelle Heredia, en sentido este, registra 29.492 vehículos diarios frente a los 27.379 de 2025, lo que supone un aumento del 7,7%. Respecto a 2024, cuando contabilizaba 24.777, la subida alcanza el 19%. La Avenida de Andalucía, en sentido este, baja de 32.970 a 30.292 vehículos diarios, un 8,1% menos. La Avenida de Valle Inclán mantiene cifras altas, con descensos del 1% en un sentido y del 1,8% en el otro. También bajan el Paseo de Martiricos, el Pasillo de Santa Isabel, la Avenida Juan Sebastián Elcano y la Avenida Juan XXIII, mientras que la Avenida Velázquez y el tramo Velázquez-Moliere suben ligeramente.

Conviene manejar estos números con prudencia. La intensidad media diaria mide el volumen de vehículos que pasa por un punto, pero no permite atribuir los cambios solo a la ZBE. En la evolución del tráfico influyen también las obras, los cambios en la red viaria, la estacionalidad, el transporte público y los hábitos de desplazamiento. Lo que sí reflejan los datos es que la movilidad de Málaga está cambiando y que el área restringida es uno de los factores que intervienen en ese proceso.

Próximos pasos y asuntos pendientes

El calendario previsto mantiene para el 30 de noviembre la ampliación de las sanciones a los vehículos con etiqueta B que estén domiciliados fuera de Málaga. Sin embargo, el futuro de esa medida depende de cómo responda el Ayuntamiento al fallo del TSJA y de cuándo llegue una resolución definitiva. Lo que ocurra con los residentes de la capital es, todavía, una incógnita: podrían seguir librando de las multas o acabar afectados si la ordenanza se modifica para aplicar el mismo criterio a todos.

El equipo de Gobierno sostiene que no puede suspender de forma arbitraria un régimen sancionador que sigue vigente, mientras que la oposición municipal pide frenar las multas y abrir una negociación. Con Málaga reclama medidas complementarias: aparcamientos disuasorios conectados con el transporte público, refuerzo de la EMT y del transporte metropolitano, itinerarios peatonales seguros y soluciones específicas para colectivos afectados, como el campus universitario de El Ejido, que queda dentro del perímetro.

La formación también exige que se aclare qué se hace con el dinero de las sanciones y rechaza que la ZBE sirva como vía de financiación municipal. Desde su punto de vista, el objetivo debe ser mejorar la calidad del aire y reducir emisiones, pero con una implantación legal, justa y eficaz. El PP, por su parte, defiende que la norma se aplica porque no hay una resolución judicial firme y que cualquier cambio debe hacerse con seguridad jurídica.

Málaga se encuentra así ante un panorama complejo: una Zona de Bajas Emisiones que sigue activa, un régimen de multas que no se detiene, una sentencia que obliga a revisar el trato a los conductores y una ampliación de restricciones prevista para finales de noviembre. Todo ello en una ciudad donde el tráfico del centro ha bajado en varios ejes, pero de forma desigual, y donde el debate sobre las alternativas al coche privado continúa abierto. La norma, por ahora, avanza mientras espera una respuesta definitiva de los tribunales.